El Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego, el pasado miércoles 10 de agosto se trasladó hasta la Colonia Naranjito, del distrito de Gral. Resquín, departamento de San Pedro, para acompañar al abogado Julio César Gómez, en un procedimiento judicial-policial de desalojo, y dar cumplimiento al Mandamiento de Desahucio librado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de San Pedro, Abog. Norma Mabel Fleitas.
El expediente está caratulado como, “Aureliano Ayala c/ Carlos Fernández Ortega y Otro sobre Interdicto de Recobrar la Posesión”. Día previo, Samaniego en compañía del abogado Gómez, convocó al ingeniero Willians Ibarra, representante del INDERT para acompañar el procedimiento de desalojo.
El jueves 11 de agosto estuvieron en el lugar, el Comisario Dionisio Alcaraz, jefe de la Comisaría Jurisdiccional, Ovidio Larrea, el Asesor Jurídico de la Dirección de Policía, el ing. Ibarra, Administrador Regional del INDERT y el concejal de Naranjito, Tomás Quiñonez.
La comitiva judicial-policial fue recibida por Virginio Vera, representante de los campesinos. El oficial de justicia hizo lectura del oficio judicial del desalojo de los lotes 9 y 10 de manzana V.
El ing. Ibarra, explicó que el Lote 9 está titulado a nombre de Aureliano Ayala y libre de ocupantes, no así el Lote 10, el cual aún no ha sido adjudicado a nombre de ninguna persona, y que actualmente se encuentra en proceso de solicitud como titular a los miembros de la comisión ocupantes de dicho lugar totalizando 10 familias.
Los ocupantes exhibieron la solicitud de compra al INDERT y las copias de los planos referenciados, expedido por la institución.
El representante del Ministerio del Interior solicitó a las partes una tregua de 10 días, a los efectos de que una de las partes presente las documentaciones que avalen la titularidad, luego de un largo diálogo se llegó a un acuerdo firmándose un acta entre todos los presentes.
Con estas acciones, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Humanos promueve el diálogo pacífico a modo de dar solución a los problemas del respeto a las propiedades privadas establecidas en la Constitución Nacional.