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En prosecución de trabajos tendientes a ir desactivando células y contactos de las bandas narco- terroristas que operan en la Zona Norte, sobre todo el autodenominado EPP (ejército del pueblo paraguayo), efectivos del departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, desplegaron un operativo en la colonia San Vicente, de Gral. Resquín, Dpto. de San Pedro, y lograron la detención de un importante integrante de la banda delictiva.

 

En el lugar, fue detenido José Domingo Martínez Durán, de 31 años, presunto integrante del ala del apoyo logístico terrorista del EPP, y con antecedentes penales que incluyen su implicancia en el secuestro y asesinato de la joven Cecilia Cubas, a mediados de la década pasada.

 

El sospechoso también tiene orden de captura por homicidio doloso en Kambá Rembé o San José del Norte; homicidio doloso en Santa Rosa del Aguaray; por secuestro y asociación terrorista, además de antecedentes por el secuestro y asociación criminal en el caso de Cecilia Cubas.

 

En poder del presunto integrante logístico del EPP hallaron 300 cartuchos calibre 5.56 para fusiles Galil, M- 16 y M- $; además de 500 cartuchos de calibre 9 mm.

 

Al ser interceptado, el sospechoso intentó escapar en moto con un acompañante, pero ambos cayeron al suelo.

 

En ese momento, Martínez Durán fue reducido y detenido para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

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En el marco del cumplimiento del objetivo de no dejar impune ningún hecho delictivo –misión encomendada por el propio Ministro del Interior, Francisco de Vargas-, agentes de la Policía Nacional esclarecieron lo acontecido el sábado en horas de la mañana en sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), oportunidad en que desconocidos ingresaron a dicho cuartel y se robaron armas.

 

En ese sentido, efectivos de la División Robos y Hurtos de Investigación de Delitos de la Policía procedieron a la detención de dos sospechosos. Se trata de Emanuel Zacarías Rodríguez (21) y Angel Antonio Mongelós Meza (20).

 

Ambos son sospechosos de haber intentado robar cargas de droga y también armas en oportunidad del caso registrado el 19 de diciembre.

 

Mediante un fino trabajo de investigación, los agentes policiales esclarecieron el caso al dar con los presuntos autores.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

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El Ministerio del Interior, a través de su Dirección de Derechos Humanos, acordó con la Gobernación del departamento de Boquerón y con el INDI trabajos en conjunto para una eficaz y eficiente asistencia a indígenas del Chaco paraguayo.

 

En representación del Ministerio del Interior, estuvo el Director de Derechos Humanos de esta institución, Hugo Samaniego, y la reunión fue con el Gobernador de Boquerón, Edwin Pauls Friesen; y la representante del INDI, Abog. Cynthia Rolón.

 

La charla giró en torno a la difícil situación que atraviesan miembros de la comunidad de Cuyabía de la parcialidad Ayoreo.

 

En su mayoría, los ciudadanos originarios acusan problemas de salud, falta de alimentos, de viviendas dignas, de vestimentas; además, necesitan asistencia judicial para enfrentar el litigio existente en torno a  sus tierras, según coincidieron.

 

El Gobernador de Boquerón se comprometió en incluir a la comunidad en un programa de asistencia técnica integral. Del mismo modo, la representante del INDI  comprometió su participación, en el marco de una articulación de trabajo impulsada por el Ministerio del Interior.

 

 Para dar respuesta a esta comunidad, se tiene previsto un segundo encuentro con un equipo de trabajo interinstitucional a los efectos de trasladar hasta la comunidad un móvil de Salud, víveres, asesoramiento técnico y semillas para los indígenas quienes, igualmente, manifestaron la necesidad de contar con un tractor para  el cultivo destinado al autoconsumo.

 

La población originaria está compuesta por 25 familias, en su mayoría por niños, jóvenes y adultos mayores, algunos incluso con ceguera.

 

Estas acciones concretas permiten dar cumplimiento a la misión del Ministerio del Interior de garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios en cuanto al acceso a sus derechos básicos como personas  y la seguridad de la vigencia y protección de sus derechos consuetudinarios en términos de intervenciones  u operativos policiales.  

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