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Con el objetivo de encarar de manera mancomunada trabajos que permitan reducir el índice de consumo y demanda de estupefacientes, el ministro del Interior, Francisco José De Vargas, y el director general de la Asociación para la Investigación y Prevención de Adicciones (ASIPA), Facundo Villagra, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional, que también pretende el fortalecimiento de tareas tendientes al tratamiento de personas con necesidad de ayuda por el uso abusivo de drogas.


El convenio fortalece y consolida la cooperación entre el Ministerio del Interior y la ASIPA, a través de la implementación de programas, ejecución de proyectos y actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas, con el fin de contribuir al desarrollo de sus acciones y cumplimiento de sus objetivos, que contribuyan a la prevención del consumo de estupefacientes.


La Cartera de Estado y ASIPA establecerán acuerdos específicos, a los efectos de establecer criterios de acción y responsabilidades para la implementación de cada programa o proyecto relacionado a los objetivos generales referidos.


Cabe mencionar que el Ministerio del Interior apunta a acciones –como la educación preventiva para la disminución del uso y abuso de sustancias adictivas-, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, en su eje de Información referente a la prevención social y situacional, control, rehabilitación y reinserción social.


Según indicó el ministro Francisco José De Vargas, con el acuerdo se pretende articular actividades de las instituciones públicas y organizaciones civiles, ya que se necesita del apoyo de los grupos e instituciones sociales para atacar el flagelo de la adicción, que debe ser compromiso de todos y que se puede erradicar no solo con acciones represivas sino también acciones preventivas, que eviten el acrecentamiento de la población adicta al consumo de sustancia.


“Es un trabajo arduo que se inicia con una actividad investigativa, con la realización de estadísticas y censos de población que nos permitan luego determinar las políticas preventivas en materia de seguridad y criminalidad”, explicó el ministro De Vargas.


La rúbrica del acuerdo coincide con la conmemoración del “Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas” -que se celebra cada 26 de junio desde 1987-, según lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de alcanzar una sociedad internacional libre del abuso de drogas.


El documento también fue firmado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Bajack, en calidad de testigo del acto.


En el evento estuvieron presentes el jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, Crio. Ppal. Crispulo Sotelo; representantes del Sistema Nacional de Facilitadores de la Corte Suprema de Justicia, directores del Ministerio del Interior, entre otras autoridades.

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En una audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados se trataron temas relacionados a la “Seguridad para los pequeños productores y la situación legal de la propiedad privada”.


Participaron de la audiencia, los directores de Derechos Humanos, Hugo Samaniego y de Relaciones Interinstitucionales, José Arce, como representantes del Ministerio del Interior. Igualmente estuvieron representantes de la Policía Nacional, de la Fiscalía, del Ministerio de Agricultura,  y  productores del interior del país (de Alto Paraguay, Canindeyú y Caaguazú).


En la oportunidad debatieron sobre la invasión de propiedades en el distrito de San Ignacio, departamento de Misiones, por parte de campesinos, más conocidos como carperos, así de las constantes amenazas que los productores reciben de los mismos.   


Después de un largo debate, y atendiendo la preocupación de los productores, que denuncian violencia e instigación en la que viven- sobre todo en zonas consideradas vulnerables- se concluyó en la necesidad de conformar una submision que se encargue de atender las denuncias. La misma estará integrada por legisladores de la zona, y de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

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