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En la mañana de este jueves se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria de la Mesa Interinstitucional del Sistema Nacional de Emergencias 911, donde representantes de los organismos del Estado involucrados informaron acerca de los avances y observaciones elaboradas durante el periodo comprendido en los últimos tres meses, atendiendo la instalación y primer encuentro de la Mesa Interinstitucional.


El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Hugo Sosa Pasmor, presidió la segunda convocatoria, que contó con la presencia de autoridades y representantes de las diversas instituciones que conforman la mesa de trabajo del Sistema Nacional de Emergencias 911.


En la oportunidad, fueron analizados diversos temas que hacen a la labor interinstitucional, para la articulación y coordinación de trabajos conjuntos en el campo de la seguridad y, así también, la elaboración de un manual de protocolo. También por otra parte, se trataron temas de seguridad y prevención de la marcha de la Federación Nacional Campesina (FNC), prevista para el mes de marzo próximo.


“En la primera reunión se estableció cuáles son las llamadas de emergencias y qué instituciones tienen que acudir ante determinados casos. También es importante la participación de las municipalidades y el trabajo que cada institución puede aportar”, indicó el viceministro Hugo Sosa Pasmor.


La Mesa Interinstitucional del Sistema Nacional de Emergencias 911 está integrada por el Ministerio del Interior a través del Viceministerio de Seguridad Interna, la Dirección General del Sistema 911-, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social (IPS), los Bomberos Voluntarios y la Secretaría de Emergencia Nacional.


Además cuenta con el acompañamiento del Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Patrulla Caminera y las municipalidades.

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La lucha contra el crimen organizado es uno de los ejes del gobierno del Presidente Mario Abdo Benítez. Esto involucra a los tres Poderes del Estado, que deben trabajar en conjunto para lograr este objetivo. En esta tarea, los agentes del Ministerio Púbico que llevan adelante las investigaciones quedan expuestos y desprotegidos ante las amenazas y ataques de criminales que ven afectados sus intereses.


En ese contexto, se busca diseñar un Protocolo de Seguridad para proteger el trabajo de los agentes fiscales, sus asistentes y sus familias. Para ello, representantes de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay fueron recibidos por el Ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.

“Hablamos de un Protocolo de Trabajo, de seguridad, de reconocimiento de situaciones de riesgo. Y vamos a avanzar tanto en la capacitación para los agentes fiscales como también para la coordinación de trabajos con la Policía Nacional, en diferentes temas de seguridad, que como vemos, hoy están sucediendo, e involucran incluso ataques físicos a los fiscales y a sus viviendas particulares”, expresó el Dr. Ricardo Merlo, Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay.


El Protocolo será elaborado en conjunto por especialistas del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y del Ministerio Público.


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Uno de los principales objetivos del Gobierno, es lograr resultados en la lucha contra el terrorismo, especialmente en la zona norte del país, donde se encuentran los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú.


En ese contexto, el Consejo de Gobernadores convocó a una mesa de trabajo, constituida por diferentes instituciones del Estado para analizar los planes de acción y estrategias a ser desarrollados en el marco de este proceso que busca eliminar la inseguridad en la zona y brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes.


Al respecto, el presidente del Consejo de Gobernadores, Carlos Giménez habló sobre la importancia de involucrar en este trabajo a instituciones tanto del área social, económico, de seguridad y otros para lograr los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional.


“Nuestro objetivo es realzar la seguridad del norte del país, y que los departamentos afectados por el terrorismo vuelvan a crecer económicamente, lo que se lograría redoblando y uniendo esfuerzos entre los gobiernos departamentales y estatales”, expresó Giménez.


Por su parte, el Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sostuvo que para fortalecer los trabajos de lucha que se viene realizando a nivel país es necesario el aumento de recursos humanos, infraestructura, movilidad entre otros.


“Necesitamos más policías, más vehículos, incorporación de tecnología, que tiene su costo, por eso es fundamental que la seguridad no sea postergada en el momento de adjudicar recursos. Debemos escuchar a la gente, y darles satisfacción y para ello, es necesario aumentar los recursos. Hoy tenemos 24.000 policías, y para cumplir el ratio de las Naciones Unidas, debemos superar los 50.000”, refirió Villamayor.


Esta actividad, tuvo lugar hoy en el Hotel Crowne Plaza de Asunción con la presencia de los Ministros de Salud, Seguridad Agricultura y Ganadería, Defensa Nacional, Obras Públicas y otros.

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El Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por instrucciones del Poder Ejecutivo, ha establecido trabajar con distintas instituciones para definir estrategias de prevención del delito y la violencia.

En ese contexto, el Director de Planeamiento y Control del Ministerio del Interior, Humberto Insfrán, participó de una reunión de consenso, con el objetivo de aumentar la cooperación y sobre todo, trabajar en la prevención de delitos con otras instituciones del Estado y de la sociedad civil.


En esta ocasión participaron del encuentro el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

“Nosotros estamos esperanzados que solamente este tipo de reuniones puede solucionar el tema de seguridad, porque es grande el trabajo. La inseguridad afecta a todos los sectores de la sociedad, y esta es la única forma para mejor nuestro país”, afirmó el doctor Mario Apodaca, de la Asociación Rural del Paraguay.

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La Dirección del Observatorio Nacional de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior puso en marcha la Mesa de Trabajo Interinstitucional de recopilación de datos y metadatos, en el marco del estudio de Tendencia Delictivas y Funcionamiento de los sistemas de Justicia Penal-UN-CTS. Este proceso responde a lo establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).


“El objetivo de la Mesa de Trabajo es la planificación de las tareas interinstitucionales para completar los datos y metadatos de seguridad. Se estableció que cada institución deberá presentar las conclusiones con datos fidedignos en tiempo y forma a la Dirección de Observatorio Nacional de Convivencia Ciudadana y la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio del Interior”, explicó la Directora del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Leticia María Bravard de Poka.

Las instituciones involucradas son: Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y Ministerio del Interior.

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Agentes antisecuestros de la Regional Alto Paraná detuvieron a tres efectivos policiales, procesados por supuesto hecho punible contra la libertad de las personas.

La orden de detención preventiva fue emitida por la Fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Penal N° 11 de Ciudad del Este.


Según la denuncia, los Suboficiales Ayudantes Víctor Hugo Reyes Ortiz, Nelson Cabrera Alarcón y Sergio Saúl Sosa, secuestraron a un jardinero y le pidieron un monto de dinero para dejarlo en libertad.


Los dos primeros pertenecen al Grupo Lince del Alto Paraná, mientras el tercero prestaba servicios en la Comisaría N° 16 Los Cedrales, dependiente de la Dirección de Policía del departamento.

Los agentes policiales fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, por el Oficial Inspector Wilson Toledo, del departamento antisecuestros.

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El Ministro Juan Ernesto Villamayor se pronunció sobre el procedimiento irregular que terminó con dos niñas heridas de bala en Areguá. Repudió el hecho y fue tajante al afirmar que los que incurrieron en esta irregularidad deben ser sancionados, pero dentro del marco de lo que establecen las leyes de la República.

 

Admitió que hay un déficit tanto en la formación como en el control del desempeño de los efectivos policiales; ambos aspectos han sido relegados durante décadas, afirmó el titular de la cartera de seguridad. Para hacer frente a este déficit, plantea tres cambios necesarios: la modificación de la malla curricular de la formación de agentes policiales; proyectos de ley que permitan excluir la Dirección de Inteligencia y la de Asuntos Internos, para que pasen a depender directamente del Ministerio del Interior, y la incorporación de tecnología para controlar la gestión de los agentes policiales.


“Es absolutamente imposible en el sistema actual, en las condiciones actuales y con la normativa actual vigente, que ni el Comandante de la Policía sepa qué está haciendo cada uno de los 24 mil policías. Este tipo de cosas no puede suceder. Y eso implica mayor control en la Policía. Para poder controlar a la policía hay que incorporar tecnología. Y estamos en un proceso de incorporación de esa tecnología, que nos va a permitir ese sistema de control”, expresó el Ministro del Interior.


Agregó que sigue habiendo un déficit en la cantidad de personal policial, de acuerdo a los estándares internacionales. Además, hay déficit en equipamiento y tecnología. Para hacer efectiva la actualización y el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional se requiere de una inversión de entre 50 y 60 millones de dólares. Sin embargo, los cambios y los resultados no se pueden hacer de manera inmediata.


Finalmente, pidió a toda la ciudadanía no perder la confianza en la Policía Nacional y respaldar el proceso de fortalecimiento institucional. déficit tanto en la formación como en el control del desempeño de los efectivos policiales; ambos aspectos han sido relegados durante décadas, afirmó el titular de la cartera de seguridad. Para hacer frente a este déficit, plantea tres cambios necesarios: la modificación de la malla curricular de la formación de agentes policiales; proyectos de ley que permitan excluir la Dirección de Inteligencia y la de Asuntos Internos, para que pasen a depender directamente del Ministerio del Interior, y la incorporación de tecnología para controlar la gestión de los agentes policiales.


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Esta mañana se llevó a cabo una reunión de trabajo en el Ministerio del Interior para analizar los avances del Proyecto “Prevención de la Violencia e Inserción Social”, liderado por el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Luque, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo- BID.


Inicialmente fueron estudiados los datos de la primera encuesta realizada en el barrio San Carlos de Luque, lugar que ha sido seleccionado para el desarrollo del mencionado programa, que enmarca como uno de sus ejes la seguridad ciudadana en la zona. Posteriormente, se programaron otras reuniones con el objetivo de seguir expandiendo el trabajo a otras comunidades.


El encargado del Proyecto, Carlos Vera sostuvo que de acuerdo a los resultados de la investigación, la ciudadanía manifiesta su conformidad con los resultados del trabajo realizado en el lugar, puesto que el barrio ya no es conocido como un territorio rojo.


“Según manifestaciones de los propios vecinos a través de la encuesta que aplicamos en dicha comunidad, el barrio se volvió más seguro y proactivo, a la vez de trabajar por la comunidad, y promover la participación ciudadana, sobre todo en la búsqueda de oportunidades para los jóvenes”, expresó Vera.


Asimismo, resaltó que mediante esta labor interinstitucional se ha desarrollado muchos emprendimientos en la población, se logró una mayor participación y respuesta policial ante casos de denuncias y el descenso de la inseguridad de la zona. “En un año y medio de aplicación de este proyecto, podemos observar el éxito que tuvo, por ello creemos que vale la pena replicarlo en otras comunidades que están sufriendo los embates de la delincuencia”, sostuvo Carlos Vera.


En esta mesa de trabajo participaron: la Dirección General de Gabinete del Ministerio del Interior, la Dirección de Planeamiento y Control, la Dirección de Planificación Institucional, la Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana, la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, representantes de Municipios y Gobernaciones entre otros.

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En conferencia de prensa sobre el caso de agentes investigados por incurrir en irregularidades ayer en la ciudad de Areguá, el Viceministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pasmor reiteró que el Departamento de Asuntos Internos ya ha tomado las primeras medidas disciplinarias, consistentes en la destitución de jefes policiales de la zona y el sumario correspondiente a los involucrados en el hecho.


Así también, mencionó el acompañamiento económico y emocional que está llevando a cabo la institución policial tanto a la niña víctima de los disparos como a sus familiares. “La Comandancia se hará cargo de todos los daños materiales, pero lo más importante brindarán asistencia de especialistas psicólogos a toda la familia, especialmente a la niña afectada”, expresó Sosa Pasmor.


Insistió en que el Gobierno Nacional, no permitirá que sucedan otros casos irregulares como éste, teniendo en cuenta que la Policía Nacional se encuentra para garantizar la seguridad y cuidar la vida de las personas y “el que no entienda eso, no tiene nada que hacer en las filas policiales”, expresó tajante el Viceministro de Seguridad Interna.


Por su parte, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Walter Vázquez, expuso que el caso ya fue derivado a la Fiscalía, luego de remover de sus cargos al jefe de la Dirección de Policía Central, Crio. Ppal. Justo Ojeda y al subjefe de dicha unidad, el Crio. Ppal. Nelson Alderete y los sumarios a los 5 oficiales involucrados.

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Los responsables del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional deben presentar en la tarde de este martes un informe sobre cada uno de los casos de agentes investigados por incurrir en irregularidades.


A los 57 efectivos que están siendo investigados, se suman los que fueron destituidos en la fecha por un procedimiento sin orden de servicio, en el que dos niñas resultaron con heridas de bala en Aregua. De esta manera, suman más de 60 los efectivos que están separados de sus cargos y que están bajo investigación.


El reporte de cada caso debe ser presentado en la tarde de hoy al Viceministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pasmor, y al Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.


El pedido obedece a la voluntad de este gobierno de depurar los cuadros policiales para recuperar la credibilidad de la Policía Nacional y la institucionalidad.

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