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Diversas agencias noticiosas internacionales, como EFE, El Nuevo Herald, entre otras, recogieron la información originada en nuestro país sobre las acciones migratorias que derivaron en el freno del uso del Paraguay como territorio de paso para que una red de trata de personas lleve ilegalmente a ciudadanos chinos a la Argentina y Brasil.
Los distintos cables extranjeros dan cuenta que la Dirección General de Migraciones –dependiente del Ministerio del Interior- detectó desde agosto pasado a siete grupos de chinos, compuestos por entre 4 y 6 personas, que intentaban entrar con documentos falsos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, para luego ser trasladados (por tierra o aire) hasta la Argentina o Brasil, donde eran sometidos obligados a trabajar en condiciones infrahumanas en supermercados o fábricas.
Al respecto, el director general de Migraciones, Jorge Kronawetter, mencionó el descubrimiento el año pasado de una decena de chinos que trabajaban en condiciones infrahumanas en supermercados argentinos y que habían ingresado al país por tierra desde nuestro país.
Indicó que los inmigrantes llegaban por avión con escala en San Pablo (Brasil), pero posteriormente cambiaron su ruta e ingresaban por Lima.
Atendiendo que la red falsificaba las resoluciones de admisión, Migraciones aplicó medidas de seguridad en estos documentos, lo que detuvo el flujo de ingreso de inmigrantes. Además, el trabajo de las autoridades con las aerolíneas impidió paulatinamente el embarque de ciudadanos que no contaban con los papeles en regla.
Todos los ciudadanos chinos interceptados por las autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi fueron puestos a disposición de la Justicia.

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Agentes especializados del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional allanaron los depósitos de dos supermercados de la ciudad de Itá, departamento Central, de donde se incautaron de diversas mercaderías presumiblemente ingresada de contrabando al país.
Se trata del supermercado “Amadito” –propiedad de Pablino Colmán- y el supermercado “La Familia” –de Blanca Comán-. Ambos locales comerciales se encuentran en pleno centro de la ciudad iteña.
En los depósitos de ambos supermercados, los agentes policiales incautaron grandes cargas de aceite, azúcar, harina y jabón, cuya procedencia y documentos son cotejados por los intervinientes que, en la ocasión, contaron con el acompañamiento del agente fiscal Luis Chamorro.
El procedimiento se realizó en el marco del operativo anticontrabando “Hendy”, impulsado por el Gobierno Nacional y que cuenta con la labor conjunta de diversas instituciones del Estado, como Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Industria y Comercio, Prefectura Naval, SENAD, SENAVE, Aduanas, SEPRELAD, Ministerio Público, entre otras.
El Operativo Hendy se lleva a cabo en diversas localidades del interior del país y en todos los puntos de frontera, con la presencia de los principales organismos de seguridad y control, buscando reprimir la entrada informal y comercialización irregular de mercaderías que perjudican la economía nacional.
Medidas extremas fueron dispuestas por el Gobierno Nacional, a los efectos de reducir la informalidad que atenta contra el comercio legalmente constituido y que opera dentro de las normas impositivas y leyes tributarias vigentes.
Para este cometido, la Policía Nacional puso a disposición del operativo interinstitucional todos sus elementos, recursos humanos y herramientas, a los efectos de ayudar en las diferentes labores conjuntas y hacer frente al flagelo del contrabando.
El jefe del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía, Crio. Ppal. Abel Cañete, encabeza las operaciones policiales del Operativo Hendy.

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Representantes de varias instituciones del Estado se reunieron en sede del Ministerio Público, a los efectos de iniciar tareas enmarcadas dentro de la “Campaña Por La No Violencia” en eventos deportivos y, principalmente, en los encuentros futbolísticos.
Durante la reunión fueron analizados diversos temas, como la prevención de incidentes, desmanes y hechos punibles en los estadios, la verificación del estado de los mismos para su posterior habilitación, la actual suspensión que rige sobre algunas hinchadas organizadas de clubes, y la instalación de cámaras de videovigilancia y pantallas gigantes en puntos estratégicos.
En este sentido, se puntualizó en la necesidad de instalar salas de monitoreo de cámaras de seguridad, a fin de visualizar e identificar a los protagonistas e incitadores de eventuales hechos de violencia.
Entre las primeras decisiones se acordó exigir a los clubes que este año se adecuen a las recomendaciones generadas por la comisión especial, a los efectos de que los campos de juego sean habilitados por los organismos pertinentes y puedan albergar con seguridad a gran cantidad de personas fanáticas del “deporte rey”.
Se prevé una próxima reunión de la comisión el martes 11 de febrero, cuando serán establecidas las estrategias en materia de seguridad sobre la base del calendario de cotejos futbolísticos a ser disputados durante el entrante Torneo Apertura.
Al respecto, la Policía Nacional y el Ministerio Público velarán por el cumplimiento de la resolución de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por la cual se suspende temporalmente el ingreso a los estadios de fútbol de las hinchadas organizadas de los clubes Cerro Porteño, Sportivo Luqueño y Olimpia.
Participaron de la reunión el director general del Sistema 911 del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portillo; los fiscales Cristian Bernal y Emilio Fuster, representantes de la APF, de la Secretaría Nacional de Deportes y de la Policía Nacional.

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Una comitiva de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se reunió con la vice ministra de Protección de los Derechos de la Mujer (del Ministerio de la Mujer), Estela Sánchez Dávalos, a los efectos de coordinar futuras actividades orientadas a la próxima apertura del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
La iniciativa surge a partir de los numerosos casos que arrojan datos estadísticos sobre muertes por violencia intrafamiliar, que en las últimas semanas conmocionaron al Alto Paraná.
La actividades futuras serán coordinadas desde el Ministerio del Interior, para lo cual se firmará con el Ministerio de la Mujer un convenio tendiente a fortalecer y calendarizar trabajos conjuntos de campo, con el objetivo de entablar lucha frontal contra este flagelo y lograr el empoderamiento de la mujer, la contención y el apoyo institucional integral, a fin de erradicar este delito que ha cobrado muchas víctimas, cercenando familias y dejando a niños en situación de vulnerabilidad.
La comitiva del Ministerio del Interior estuvo integrada por el director de Derechos Humanos, Hugo Samaniego, coordinadoras y psicólogas –instructoras de la institución.
Los agentes policiales de Ciudad del Este -que tendrán a su cargo la recepción y atención de casos de violencia intrafamiliar- serán capacitados en la materia por instructores de la Dirección de Derechos Humanos de la Cartera de Estado y evaluados por psicólogos de la misma dependencia.
Los funcionarios técnicos de la repartición ministerial impartirán a los uniformados toda la información necesaria relacionada al tema, sobre todo con énfasis en las leyes con que cuenta el personal policial a la hora de tomar intervención en una denuncia de estas características.
Durante las jornadas de capacitación -a través de trabajos en grupo y evaluaciones individuales- serán desarrollados conceptos básicos sobre violencia intrafamiliar y de género, y las leyes con la que se cuentan constitucionalmente.
Con esta labor se instruirá a los agentes en el conocimiento y aplicación de la normativa nacional e internacional de la materia, incorporar teorías y doctrinas rectoras, identificar los distintos tipos de violencia, implementar los protocolos de procedimiento de atención a víctimas, internalizar principios de derechos humanos, sensibilizar en la problemática de la violencia basada en género y transversalizar la perspectiva de género en el quehacer diario de la Policía Nacional.

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