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El Ministerio del Interior -a través de su Dirección de Derechos Humanos- acompañó a una comitiva fiscal-policial, durante un procedimiento que logró el retiro pacífico de unas 150 familias nucleadas en el Asentamiento Santa Rosa, que ocupaban una propiedad privada ubicada en la Compañía Costa Azul, del distrito de Limpio.

 

En el lugar estuvo presente el director de Derechos Humanos de esta Cartera de Estado, Hugo Samaniego, buscando preservar y garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos básicos en la aplicación de operativos policiales en el tema de desalojos y casos de invasiones de inmuebles.

 

En este contexto, se logró el retiro pacífico de los ocupantes de las 25 hectáreas de tierras, divididas en 180 lotes identificados dentro de la carpeta fiscal.

 

El procedimiento también contó con la presencia del agente fiscal en lo Penal de la Unidad 2 de la ciudad de Limpio, Luis Fernando Chamorro Candia, quien -vía oficio- solicitó colaboración y acompañamiento a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para el cumplimiento de las garantías constitucionales.

 

Con estas acciones, el Ministerio del Interior garantiza la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en todas las problemáticas sociales.

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El pasado 5 de noviembre, el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, dio a conocer la resolución de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) sobre que este año, a raíz de la pandemia del COVID-19, el novenario y misa central del 8 de diciembre por el Día de la Virgen de Caacupé se realizarán a puertas cerradas, sin la presencia de fieles, y que el Tupasy Ycuá permancerá cerrado.

 

"La Policía lo que trata ahora es de acompañar a los peregrinos que van antes del 8 de diciembre. La Conferencia Episcopal Paraguaya recomienda la no peregrinación; es decir, evitar la aglomeración para evitar el contagio", indicó el ministro del Interior.

 

Al respecto, precisó que la Policía Nacional -no obstante- hace bastante tiempo estaba ya preparada a aumentar sus efectivos y, en lo posible, realizar un trabajo no solamente de acompañamiento, sino también de hacer recordar al peregrino sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias.

 

"Pero con esta decisión de la CEP y la peregrinación de la Virgen a los distintos sitios, sean Asunción, todo el departamento de Cordillera, Caaguazú y otros departamentos, creo que va a justificar la recomendación de la Iglesia Católica de no irse a Caacupé el 8 de diciembre", acotó el secretario de Estado.

 

Sostuvo que la recomendación es importante pero no siempre es suficiente, ya que esa recomendación va a tener mucho más efectividad si periodistas y comunicadores reiteran hasta el cansancio la necesidad de contemplar el Protocolo Sanitario y que no tiene que haber contradicción entre la fe y la ciencia.

 

"Al contrario, (la fe y la ciencia) son absolutamente compatibles sobre todo en una circunstancia muy especial como la que estamos viviendo", subrayó el ministro Euclides Acevedo.

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La Presidencia de la República dio a conocer el Decreto N° 4.291, 'Por el cual se acepta la donación de un inmueble, individualizado como Finca 14.942, ubicado en el distrito de La Recoleta de la ciudad de Asunción'.

 

La donación fue realizada por la señora Felicidad Galeano Chena Vda. de Ríos, a favor de la Policía Nacional - Hospital Central de Policía 'Rigoberto Caballero', a través de gestiones realizadas por el propio ministro del Interior, Euclides Acevedo Candia.

 

El Decreto señala que el Departamento de Bienes del Estado del Ministerio de Hacienda tomará nota de lo dispuesto en el referido documento, a los efectos de su inscripción en el registro respectivo.

 

Finalmente, la Presidencia de la República da las gracias a la señora Felicidad Galeano Chena Vda. de Ríos por la donación realizada.

 

El documento fue refrendado por el ministro del Interior, Euclides Acevedo.

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El Ministerio del Interior -a través de sus Direcciones especializadas, dependientes del Viceministerio de Asuntos Políticos- desarrolló una jornada del Programa 'Seamos Ciudadanos-Construyendo Convivencia' en la Colonia Guyra Keha, del distrito de Yby Pytã, departamento de Canindeyú.

 

Alrededor de 20 instituciones acercaron sus servicios a la comunidad, bajo la coordinación del Viceministerio de Asuntos Políticos, con el objetivo de acercar al Estado a las comunidades más vulnerables y lejanas del país.

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El ministro del Interior, Euclides Acevedo Candia, acudió hasta la Comisión de Justicia, Trabajo y Prevsión Social de la Cámara de Diputados, a los efectos de abodar temas puntuales en materia de seguridad, como la reglamentación de la conocida 'Ley Antimotochorros', que fue aprobada y sancionada por ambas Cámaras del Congreso Nacional.

 

A recomendación de la Comisión lesgislativa, se desea incorporar a la Ley la participación de la Policía Nacional, no solamente en la persecución y captura del delincuente 'motochorro', sino también trabajar interinstitucionalmente con otras fuerzas, ya sean policías municipales o de la Patrulla Caminera.

 

"Me voy satisfecho y entusiasmado, no solo por la predisposición de la Comisión, sino también el conocimiento que tienen los diputados de la realidad en materia de seguridad. Básicamente ahora vamos a trabajar sobre la reglamentación de esta Ley", explicó el ministro del Interior al culminar la reunión.

 

Sostuvo que es urgente e importante la implementación de la normativa, porque la persecución del delito debe estar siempre amparada en la Ley "y la Ley cuando no está reglamentada es una Ley que se presta a interpretaciones y las interpretaciones no son siempre justas. Entonces, esta reglamentación que sugiere la Comisión es impostergable, es importante y yo agradezco y felicito a la Comisión, porque tienen una concepción clara de lo que es el Estado y eso a mí me entusiasma", precisó el ministro Euclides Acevedo.

 

Respecto a indicativos estadísticos sobre esta modalidad del delito, afirmó que desde el punto de vista estadístico hay una ligera disminución del delito, pero la violencia del delito ha aumentado, entonces hay una obligación a tener el instrumento legal de persecución y castigo del delito cometido por motoasaltantes.

 

"Y una cosa muy importante que señaló la Comisión, ¿a quién perjudica el motochorro, a un rico, a un latifundista, a un ganadero, a un banquero? No, el motochorro perjudica a la clase trabajadora humilde, al estudiante, al obrero dependiente; entonces, el Estado está obligado a defender a los sectores más vulnerables, por eso la disposición de la Comisión es altamente coherente con nuestra declaración de Estado Social de Derecho", culminó diciendo el ministro del Interior.

 

Participaron de la reunión, el presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, Raúl Luis Latorre Martínez; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Julio Enrique Mineur de Witte; y el abogado asesor del Ministerio del Interior, Jorge Kronawetter.

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