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La mesa de trabajo está integrada por autoridades locales, el Ministro de Obras Públicas y Comuniaciones, Arnoldo Wiens, el Viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior Hugo Sosa Pasmor, y autoridades de la SENATUR.


El objetivo de estas reuniones es mejorar la accesibilidad y facilitar el acceso al país, considerando tres ejes: infraestructura, facilidad de trámites y seguridad, tanto en la zona primaria como en la secundaria.


En esta segunda reunión, se analizaron todas las fortalezas y debilidades en lo que respecta a cada área. Además, se presentaron las propuestas de trabajo respectivamente, para que, una vez que sean consolidadas, se pueda definir un cronograma de acciones concretas, empezando por lo más urgente.


En la próxima reunión, que se realizará el viernes 18 de este mes, se definirán las prioridades y el cronograma de trabajo.


Los representantes permanentes del Ministerio del Interior ante la mesa interinstitucional, son: Humberto Insfrán Miranda, director general de Planeamiento y Control, y Nimio Abel Cardozo, director de Inteligencia. Así lo establece la resolución N° 2, firmada el 7 de enero de 2019, por el Ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.

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Representantes de varias instituciones acudieron a la primera mesa de trabajo del Plan, respaldado por la Oficina de la Primera Dama y coordinado por el Ministerio del Interior.


El proyecto contempla cinco objetivos, de los cuales se desprenden 16 estrategias. Para el cumplimiento de estos objetivos, se delinearon 98 líneas de acción.
En ese sentido, se destacó que desde varias instituciones ya se hace el trabajo de prevención, por lo que se buscará articular todos los esfuerzos para que se convierta en una política de Estado, cuya aplicación trascienda este gobierno y que permita ver resultados a mediano y largo plazo.


“Lo que se ha definido hoy es que cada una de las instituciones va a empoderarse de ese indicador, de ese objetivo, va a ver qué está haciendo dentro de sus actividades propias y que respondan a esas líneas de acción, para traer eso y concretarlo en el lanzamiento de la campaña”, expresó el Dr. Pablo Lemir, uno de los responsables del proyecto.


“Lo que nosotros queremos hacer con esta propuesta de política pública es demostrar que sí se está haciendo un esfuerzo por la ciudadanía, en especial en la prevención de la violencia social”, agregó Luz Paola Sánchez, de la dirección de Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior.


El Plan involucra a los Ministerios de la Niñez y la Adolescencia, de la Mujer, del Deporte, de Educación, Juventud, Justicia, Tecnología y Comunicaciones, Salud, Ministerio Público y la Policía Nacional, pero buscará abarcar todas las instituciones del Estado, así como los medios de comunicación privados, para llegar a toda la sociedad.


La próxima reunión se realizará a mediados de febrero.

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Un grupo de concejales de la localidad, ubicada al norte del departamento de Canindeyú, fue recibido por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, a quien solicitaron articule los mecanismos necesarios para la intervención de la Junta Municipal, actualmente acéfala desde hace más de 26 meses, según precisaron.


Los ediles argumentaron que dos grupos conformados por concejales de diferentes nucleaciones políticas partidarias se disputan el cargo, pero las ‘chicanas’ judiciales interpuestas ante la Justicia impiden que el órgano comunal cuente con un presidente designado y electo para el efecto.


El concejal Juan José Morel Mareaga explicó que solicitan al Ministerio del Interior se materialice la intervención, para que la Junta Municipal pueda actuar como corresponde y funcione de acuerdo a las normas y las leyes constitucionales del país.


Recordó que el expediente fue presentado en Mesa de Entrada del Ministerio del Interior en el mes de noviembre y, según lo expresado por el ministro Juan Ernesto Villamayor durante la reunión, la Asesoría Jurídica ya dictaminó a favor del pedido de los concejales.


Ahora se van a hacer los trámites correspondientes para que se eleve hasta el Ejecutivo y así seguir el proceso para lograr la intervención”, indicó el edil de Corpus Christi.


“Con este nuevo Gobierno creemos que se pueden hacer las cosas como corresponde y erradicar de una vez por todas la corrupción, que tanto daño ya ha hecho a nuestro país”, expresó el concejal Morel Mareaga

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La jueza de feria Lici Sánchez ordenó hoy la expulsión de los ciudadanos brasileños Omar de Souza Junior, Carlos Alberto Costa, Ademir de Borba, Andrisio Pereira y Lucas Vargas.


Estos hombres fueron detenidos ayer en la localidad de Minga Guazu. Se presume que están vinculados a la organización criminal brasileña Primer Comando Capital.


La Dirección General de Migraciones y la Policía Nacional, bajo la coordinación del Viceministerio de Seguridad del Ministerio del Interior, desplegaron un fuerte operativo de seguridad para entregar a estas cinco personas a las autoridades brasileñas, y así dar cumplimiento a la orden judicial.

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El departamento Control de Automotores viene realizando procedimientos preventivos, adelantándose a los hechos delictivos y evitar que éstos ocurran. De esta manera se busca anular las acciones llevadas a cabo por traficantes de vehículos robados hacia el interior y exterior.


Actualmente, el operativo se encuentra en etapa de tarea de inteligencia para detectar información clave para anular a los robacoches. “Por lo general, los delincuentes tratan de aprovechar esta época de vacaciones y de verano para robar vehículos y luego transportarlos hasta el interior para la venta, o para llevarlos a desarmaderos”, explicaron agentes de Control de Automotores.


Los trabajos forman parte del operativo de seguridad en verano que despliega la Policía Nacional a nivel integral, impulsada por el jefe de control de Automotores, Crio. Ppal. Fidencio Rivas; bajo la supervisión del Director de la Dirección de Desarmaderos de Automotores, Crio. Ppal. Elizardo Rojas.

 

 

(Foto: ilustración - archivo).

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El departamento Control de Automotores viene realizando procedimientos preventivos buscando anular el accionar de traficantes de vehículos robados hacia el interior y exterior, mediante la proactividad, es decir, adelantarse a los hechos delictivos y evitar que ocurran.

En ese sentido, se está en una etapa de tarea de inteligencia para detectar información clave para anular a los robacoches.

“Por lo general, los delincuentes tratan de aprovechar esta época de vacaciones y de verano para robar vehículos y luego transportarlos hasta el interior para la venta, o para llevarlos a desarmaderos”, explicaron agentes de Control de Automotores.

Los trabajos forman parte del operativo de seguridad en verano que despliega la Policía Nacional a nivel integral, y la misión es impulsada por el propio Jefe de control de Automotores, Crio. Ppal. Fidencio Rivas; bajo la supervisión del Director de la Dirección de Desarmaderos de Automotores, Crio. Ppal. Elizardo Rojas.

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El Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, presentó una denuncia contra el juez penal de garantías de feria del Alto Paraná, José Ariel Diarte Martínez, quien dispuso la revisión de medidas y la libertad condicional de un integrante del grupo criminal brasileño Comando Vermelho.


Se trata de Fabio Souza Dos Santos, de nacionalidad brasileña, quien fue detenido el 11 de agosto de 2018 en la localidad paraguaya de Minga Guazú. En el momento de su detención, el hombre tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros, con la serie visiblemente borrada, con selector de tiros acoplado, además de 13 proyectiles vivos y otras dos cajas del mismo proyectil.


Además, el brasileño tiene antecedentes y orden de captura del gobierno del Brasil, por homicidio calificado y organización criminal. Tras su puesta en libertad por orden del juez Diarte, el Poder Ejecutivo resolvió expulsar del territorio paraguayo al hombre y entregarlo a las autoridades brasileñas.


Ante la decisión claramente irregular del magistrado del Alto Paraná, el Ministerio del Interior decidió presentar la denuncia contra el mismo ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministro José Raúl Torres Kirmser.


El documento solicita al titular de la máxima instancia judicial que arbitre los medios legales correspondientes para garantizar la transparencia en la aplicación de las normativas constitucionales y legales de la República del Paraguay.

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La detención de un agente policial en cuyo poder se encontraron dos vehículos denunciados como robados en Ponta Porâ, Brasil, instaló de nuevo en la agenda los casos de corrupción dentro de la institución policial.


Al respecto, el Ministro del Interior admitió que, tras asumir el cargo, se encontró con una situación muy grave, pero también con personas dispuestas a rescatar la institucionalidad policial.


En relación al caso de Pedro Juan Caballero, Villamayor destacó que el hecho se conoce gracias a que hubo agentes de la Policía Nacional que investigaron, denunciaron y detuvieron a su propio camarada.


En ese contexto, Villamayor reiteró nuevamente la firme voluntad del gobierno de luchar contra la corrupción y recuperar la institucionalidad de la República.

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El titular de la cartera de seguridad, Juan Ernesto Villamayor, se refirió a las protestas de un grupo de indígenas, liderados por los hermanos Domínguez, sobre quienes pesan varias denuncias.


El Ministro aseguró que todos los grupos sociales tienen derecho a protestar y reclamar lo que consideren justo, pero deben hacerlo dentro del marco de la ley y la institucionalidad.


Explicó que existen grupos políticos que manipulan a los grupos sociales vulnerables, para intentar adecuar la ley a sus intereses personales.

 

“Acá siempre, con el famoso argumento social, hay sectores políticos completos que viven convocando, impidiendo después el ascenso de los comisarios, politizando la aplicación de la norma”, explicó Villamayor.


“Todo reclamo, cualquiera, debe realizarse en el marco de la ley y dentro de la institución, pero acá hay sectores que creen que desde el reclamo van a pasar a manejar la institucionalidad de la República y no es posible que por un reclamo que exista, por un grupo que vaya y haga una protesta, se tengan que cambiar las directivas del sector público, porque esa función democrática le corresponde al elector y no al que protesta”, agregó.


Villamayor explicó además que, desde la Constitución de 1992, la Policía Nacional no puede actuar sin una orden judicial o del Ministerio Público.

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Efectivos policiales destinados a la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros realizaron un procedimiento que permitió detener a un sospechoso de haber perpetrado varios hechos delictivos en el municipio de Yby Yaú, en Concepción.

El detenido resultó ser Fausto Ariel Cantero Rivas, de 28 años ingeniero agrónomo de profesión, oriundo de Yby Yaú.

Esta persona tenía órdenes de captura por tipos punibles como estafa, apropiación, extorsión y asociación criminal.

El procedimiento fue acompañado por la fiscala Silvia González Vester y, policialmente, la tarea fue planificada, alentada y supervisada por el propio Director Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, Crio. Ppal. Aurelio Marín.

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