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NOTICIAS GENERALES (9526)

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La Policía Nacional entregó a la Fiscalía una denuncia contra el ciudadano Rodolfo Morales, quien incitó a participantes de una manifestación a cometer hechos violentos contra autoridades legalmente constituidas. El documento incluye la presentación de un CD que contiene información de inteligencia.


Los hechos detallados en la denuncia ponen en peligro la seguridad de la convivencia de las personas, de acuerdo a la denuncia.


Agrega el escrito que hay al menos tres delitos configurados: amenaza de hecho punible, incitación a cometer hechos punibles y atentado contra el orden constitucional.


La denuncia fue entregada en el despacho del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz.


La Policía Nacional toma esta medida ante las constantes amenazas de sectores sociales de realizar mítines violentos, para forzar el juicio político al Presidente y Vicepresidente de la República.

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El Ministro Juan Ernesto Villamayor afirmó que se presentará una denuncia contra manifestantes que, lejos de ejercer su derecho a la manifestación dentro de los límites legales, recurre a la violencia contra agentes de la Policía Nacional.


Es el caso del joven dirigente liberal Stiben Patrón, quien agredió física y verbalmente a un oficial de policía.


La denuncia incluirá a quienes convocaron a la ciudadanía a rebelarse contra las instituciones republicanas.


“Denuncias contra aquellos que han llamado a la sublevación, al levantamiento armado, que han convocado a las fuerzas armadas a levantarse en armas y a las fuerzas policiales en el mismo sentido. Acá ya hay delitos cometidos y tiene que intervenir la fiscalía. Esperamos que los fiscales actúen con la misma energía con la que convocaron a declarar al Presidente de la república”, afirmó el Ministro Villamayor.

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La oposición anuncia manifestaciones en toda la República, que incluirán cierres de rutas, en un intento de forzar el juicio político al Presidente y al Vicepresidente de la República. Ante la advertencia de que cerrarán las principales vías de circulación, el Ministro Juan Ernesto Villamayor aseguró que la Policía Nacional garantizará el derecho constitucional de libre tránsito.


Lamentó además que la oposición recurra a la violencia para obtener lo que no pudo por los mecanismos establecidos por las instituciones republicanas.


“Lamento muchísimo que el principal partido de la oposición haya convocado a cierre de rutas. Me parece impropio. Me parece que, siendo el de mayor representación parlamentaria debería optar por la vía institucional. El ejercicio de la violencia no puede reemplazar a las instituciones”, dijo el Ministro del Interior.


Expresó que la Policía Nacional está alerta para intervenir si se producen los cierres de ruta. Explicó que, en primer lugar, se tratará de convencer a los que encabezan las manifestaciones para recurrir a las vías institucionales, y evitar hechos de violencia.


“Vamos a controlar las rutas y vamos a trabajar para resguardar los intereses de la gente. Nosotros tenemos una democracia representativa, no una democracia directa. La función de las instituciones no puede ser sustituida por una manifestación y mucho menos por el ejercicio de la violencia. Tratamos de convencer a la gente para no hacer uso de la violencia”, explicó Villamayor.

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Especialistas de la Fundación ‘Paz Ciudadana’ de la República de Chile se encuentran de visita técnica oficial en nuestro país, con el objetivo de trabajar con diversas instituciones del Estado Paraguayo sobre aspectos normativos y legales, para la implementación de dispositivos electrónicos de control de personas sujetas a procesos penales.


La consultora implementó el sistema con todo éxito en Chile y otros países de América Latina, y ahora se encuentran en Paraguay cooperando en el marco de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


Además del Ministerio del Interior –en su carácter de coordinador líder del proceso-, también participan otras instituciones, como Ministerio de Justicia (Viceministerio de Política Criminal) en su responsabilidad sobre el sistema penitenciario; Fiscalía General del Estado como encargada de aceptar o no las medidas solicitadas por la defensa; Colegio de Abogados del Paraguay, para que el gremio comprenda adecuadamente cuál es la política a ser desarrollada; Ministerio de la Defensa Pública y Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia).


“Todas estas instituciones están involucradas, de modo tal que la gente comprenda el motivo del reglamento; es decir, no se trata solo de hacer una norma que aparentemente es fácil de redactar, sino que tiene que contener un sistema técnico, un acuerdo y llevar adelante el proceso licitatorio, de lo contrario vamos a tener una herramienta técnica que da una respuesta técnica y una reglamentación que puede no compadecerse”, explicó el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.


Acotó que se ha convocado a todos los actores no solo a participar en la reglamentación, sino también en el proceso licitatorio para dotar a la Policía Nacional de las pulseras electrónicas y fortalecer el Sistema 911 con nuevas capacidades.


“Todo debe ser claro en el protocolo o de lo contrario será un enjambre de papeles y lo que vamos a encontrar siempre será un culpable, pero no una solución. Tenemos que entender las situaciones y son esas situaciones las que se están poniendo sobre la mesa, para que se comprenda cuál va a ser la actuación policial, que debe tener un firme respaldo legal”, concluyó el secretario de Estado.

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El Ministerio del Interior enviará próximamente una delegación especial a la capital uruguaya, para ratificar ante los órganos judiciales de la República Oriental del Uruguay la decisión de la República del Paraguay de mantener la orden de captura internacional sobre los prófugos de nuestra Justicia: Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.


El Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor refirió que la comitiva ministerial llevará todos los antecedentes del caso, con el objetivo de que los organismos de seguridad del Uruguay procedan a la detención de los acusados del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.


Días atrás, una delegación del Gobierno Nacional -encabezada por el procurador general de la República, Sergio Coscia- entregó a la Cancillería del Uruguay el exhorto formal del pedido de detención con fines de extradición, para evitar que los prófugos tramiten su condición de refugiados en dicho país.


“Se está trabajando sobre Uruguay, es una responsabilidad de la Fiscalía, y el procurador general de la República es quien está cooperando en el trabajo entre el Ministerio Público y el Poder Judicial”, manifestó el ministro Juan Ernesto Villamayor.

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La Policía Nacional no recibió la notificación correspondiente sobre la realización de la sesión de la Junta departamental de Caazapá, en la cual hay conflictos entre sus integrantes.


“Hay un clima de violencia en la zona, consecuencia del desarrollo de actividades ilegales, entre ellas el tráfico de drogas. Eso existe y tenemos que trabajar para erradicar estos temas. Pero es la primera vez que la Policía no recibe la notificación de que se iba a producir la reunión; de haberse recibido la notificación, esto no iba a ocurrir”, afirmó el Ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.


El titular de la cartera de seguridad agregó que es imposible bridar una cobertura policial permanente a la Junta departamental, porque no se cuenta con la cantidad necesaria de agentes para ello.


En ese sentido, señaló que solo hay nueve efectivos policiales para la ciudad, cuando se necesitan por los menos 25, de acuerdo a la cantidad de habitantes.


Añadió que la Policía está investigando lo sucedido y se llegará a los responsables del hecho.

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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, presidió el acto de apertura de la Sesión Ordinaria del Tribunal Superior de Calificaciones de Servicio de la Policía Nacional, que se llevó a cabo en el Salón Rojo de la Comandancia.


Luego de tomar el juramento de rigor a los oficiales superiores miembros del Tribunal de Calificaciones, el secretario de Estado dio apertura oficial a la sesión.


Participaron de la ceremonia, el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Hugo Sosa Pasmor; el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba Idoyaga; el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Cmdte. Gregorio Walter Vázquez Alderete; y el sub comandante Crio. Gral. Insp. Eladio Sanabria Morán.

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En sede del Ministerio del Interior, se llevó a cabo una nueva reunión técnica entre autoridades de esta Cartera de Estado y especialistas de la Fundación ‘Paz Ciudadana’ de la República de Chile, a los efectos de avanzar en diversos aspectos normativos y legales, para la implementación en nuestro país de dispositivos electrónicos de control para personas sujetas a procesos penales.


Los consultores del país trasandino ven auspiciosa la implementación de dichos dispositivos, como una forma de racionalizar la población en las cárceles.


Según explicó Ana María Morales, directora del Área Justicia y Reinserción de la Fundación ‘Paz Ciudadana’, en el marco legal chileno se tiene contemplado el monitoreo electrónico de personas condenadas, y en Paraguay está regulado en términos bastante amplios.


“La regulación lo permite, no solamente para presos preventivos como alternativa al arresto domiciliario (para el control del arresto domiciliario), sino para las hipótesis de condena; sin embargo, efectivamente hay ciertas hipótesis que contempla la Ley actual que restringe su aplicación, particularmente en el caso de los condenados”, puntualizó Ana María Morales en este sentido.


Calificó de muy importante la reciente modificación del Código Procesal Penal, en lo que refiere al Artículo 245, lo que permitirá una utilización bastante amplia de dicha herramienta respecto a aquellas personas que están a la espera de juicio en libertad, en presunción de inocencia.


Concluyó que la medida logrará que efectivamente una cantidad importante de la población podrá esperar juicio bajo un control satisfactorio con el monitoreo electrónico.


Además de Ana María Morales, también participaron de la reunión Ulba Figeroa, investigador del Área Justicia y Reinserción de la Fundación ‘Paz Ciudadana’; el director general de Gabinete del Ministerio del Interior, Fernando Álvarez; el director general de Planeamiento y Control, Humberto Insfrán; el director general de Asesoría Jurídica, Ramiro Ocampos; el coordinador general de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP), Javier Fernández Sosa, entre otras autoridades.


La reglamentación del marco normativo se realiza en conjunto con otras instituciones, como el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, bajo la coordinación y el liderazgo del Ministerio del Interior.


La implementación de este nuevo sistema de control será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

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Tras la modificación del Código Procesal Penal con el objetivo de descomprimir la sobrepoblación en las cárceles por el exceso de la prisión preventiva, se determinó que más procesados puedan ser beneficiados con medidas alternativas a la prisión, pero con la utilización de dispositivos electrónicos que permitan el monitoreo y control.


La reglamentación de la norma modificada es liderada por el Ministerio del Interior, con la participación de diferentes instituciones, como el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, y representantes de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados del Paraguay. El plazo para la reglamentación es de 60 días.


“El plazo requiere también una serie de ajustes tecnológicos. Implica una serie de insumos para la cobertura necesaria. La aplicación será en forma progresiva. El monitoreo tiene que ser eficaz, idóneo y rápido, para que pueda darse el informe correspondiente en forma oportuna, en caso de la violatoria”, explicó el Director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, Dr. Ramiro Ocampos.


El monitoreo, control y la elevación de informes estará a cargo del Sistema 911, que de esta manera, suma una función más a su labor de prevención en materia de seguridad. La implementación será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

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Una delegación de especialistas de la Fundación ‘Paz Ciudadana’ de la República de Chile se encuentra de visita técnica oficial en nuestro país, a los efectos de elaborar un documento como marco regulatorio del uso de dispositivos electrónicos de control, dentro del proceso de Consultoría de Diagnóstico y apoyo a la definición de planta de trabajo, para la implementación de dichos dispositivos.


Desde este lunes hasta el próximo viernes 09 de agosto, los profesionales del hermano país trasandino mantendrán una serie de reuniones técnicas con diferentes exponentes y autoridades de organismos de seguridad del Estado Paraguayo, como Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia, entre otros.


En este sentido, en sede de esta Cartera de Estado se llevó a cabo una primera reunión, encabezada por el viceministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pasmor.


Participaron el director general de Planeamiento y Control, Humberto Insfrán; el director general de Gabinete, Fernando Álvarez; la directora general del Sistema 911, Liliana Díaz; el director general de Asesoría Jurídica, Ramiro Ocampos; y el coordinador general de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP), Javier Fernández Sosa.


Se prevé que los especialistas realicen visitas al Centro de Seguridad y Emergencias 911 de la Policía Nacional, y reuniones con autoridades del Viceministerio de Política Criminal y de Asuntos Internos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia, así como con jueces de Garantías y de Ejecución Penal de la Corte Suprema de Justicia.


La visita de los altos técnicos de la Fundación ‘Paz Ciudadana’ de la República de Chile se enmarca dentro del Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana.

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