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El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Pablo René Ríos, integró una comitiva interinstitucional que visitó el parque de GICAL S.A. (Almacenes Generales de Depósitos), donde se procedió a la verificación de productos de contrabando decomisados en operativos y controles en fronteras.


La comitiva también estuvo integrada por el Ministro Coordinador Ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando, Emilio Fúster; el presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Enrique Duarte Luraghi; el director nacional de Aduanas, Julio Manuel Fernández Frutos; y autoridades de la Armada Paraguaya y de la Policía Nacional.


En la oportunidad, se resaltó el trabajo interinstitucional conjunto y coordinado en la lucha contra el flagelo del contrabando, atendiendo que en dicho depósito se encuentran mercaderías incautadas por valor aproximado a los 40 millones de dólares.

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En el marco de la mesa de trabajo instalada para la revisión del Protocolo de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio Benítez, participó de una reunión con autoridades de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.


Al respecto, la reunión -vía videoconferencia- se realizó con Mario Samaja, coordinador residente de la ONU en Paraguay; y Jan Jarab, representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).


Igualmente, participaron el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego, y representantes de la Unidad General de Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.


Entre otros puntos, las autoridades también analizaron temas y ejes de interés institucional, como uso de la tecnología para la seguridad, formación policial, lucha contra el crimen organizado y Enfoque de la Seguridad Ciudadana.


La mesa de trabajo de revisión del Manual de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional fue instalada en cuanto a mejoras y ajustes que deban realizarse a los protocolos de actuación policial.


Cabe señalar que el objetivo del Manual es establecer una doctrina clara sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que permita la formación de los recursos humanos de la institución en técnicas y criterios de aplicación de la fuerza pública basada en consideraciones fundamentales de necesidad, proporcionalidad, eficacia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.


El Manual contiene parámetros escritos sobre las políticas y procedimientos de actuación policial, determinando las prioridades respecto del rol de la función policial, los límites de autoridad y el uso de la fuerza.


De igual modo, se constituyen mecanismos importantes para realizar el informe correspondiente sobre el uso de la fuerza, orientado esencialmente a la transparencia de la actuación.

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La Policía Nacional realizó el control de vehículos y personas en diversos puntos del departamento Central, en virtud al Decreto N° 5.053 “Por el cual se establecen nuevas medidas específicas, en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus COVID-19”.


Según informó el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el resultado de los controles fue de 10 personas aprehendidas, 4 personas detenidas, incautación de 3 automóviles y 2 motocicletas, control de cierre horario de 45 bodegas y de 27 locales gastronómicos (bares), por transgresiones a las normas sanitarias preventivas, establecidas para mitigar la propagación del COVID-19 en la población.

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El Ministerio del Interior participó de una reunión interinstitucional convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a los efectos de analizar las manifestaciones ciudadanas registradas en el mes de marzo pasado en Asunción y algunas localidades del país.


Los principales puntos abordados hicieron referencia al desarrollo de las protestas, hechos de violencia, proceder y reacción policial, uso proporcional de la fuerza, y planificación en la cobertura de seguridad y prevención de las marchas, entre otros.


La sesión, que se llevó a cabo de forma virtual, fue encabezada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, senador Gilberto Antonio Apuril Santiviago.


En representación del Ministerio del Interior, participaron la directora general de Planeamiento y Control, Luz Paola Sánchez; y el director de Derechos Humanos, Hugo Samaniego.


También participaron, el director de Planificación Estratégica de la Policía Nacional, Crio. Gral. Insp. Carlos Humberto Benítez González; y representantes de la Fiscalía General del Estado, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

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El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Pablo René Ríos, recibió en su despacho a dirigentes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), de quienes recepcionó inquietudes respecto a tierras reclamadas por el Asentamiento ‘Nueva Esperanza’, ubicado en Fracción Monte Alto, Compañía Tarumandy, ciudad de Luque.


El coordinador de la MCNOC, Ángel Varela, explicó al viceministro sobre la situación en la zona y pidió una intervención pacífica.


Para tal efecto, se creó una mesa de trabajo interinstitucional, integrada por la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gail Gina González Yaluff; el intendente municipal de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría Estigarribia; representantes del Ministerio del Interior y de los sectores afectados, con el objetivo de analizar la situación de las tierras.


Las autoridades mantendrán reunión sobre el caso mañana jueves, en sede del INDERT, según anunció el director de Derechos Humanos de esta Cartera de Estado, Hugo Samaniego, quien también integra dicha mesa de trabajo.

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