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Una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra de visita oficial en nuestro país, con el objetivo de apoyar una solicitud del Ministerio del Interior en virtud de realizar el acompañamiento y asesoría del ‘Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana’, impulsado y financiado a través de un contrato crediticio entre la República del Paraguay y el organismo internacional.


Para analizar el avance de la ejecución de dicho Programa, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, mantuvo reunión con los ilustres visitantes: Gral. (SR) Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, asesor del BID; y Jean Eric Theinhardt, especialista en Seguridad Ciudadana y oficial del Banco Interamericano de Desarrollo.


También participaron de la reunión el viceministro de Seguridad Interna de esta Cartera de Estado, Hugo Sosa Pasmor; el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Dtor. Gregorio Walter Vázquez Alderete; y el director general de Prevención y Seguridad, Crio. Gral. Dtor. Aldo Ramón Benítez González.


Según precisó el general Oscar Naranjo y ex Vicepresidente de la República de Colombia, el encuentro fue para verificar con el mando policial de qué manera encarar una metodología que sea práctica, rápida y eficaz, para que el propósito que tiene el Gobierno (paraguayo) -de elevar las capacidades de la Policía en función de las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad- se cumpla de manera totalmente propositiva, rápida y eficiente.


“Tuvimos una conversación alrededor de la institucionalidad, de la necesidad de capitalizar de la mejor manera posible el conocimiento que tiene el BID en estas materias, para que lecciones aprendidas de éxitos y fracasos basadas en evidencias se puedan asimilar en Paraguay”, acotó el asesor del organismo internacional y negociador plenipotenciario del Gobierno de Colombia en las negociaciones de paz con las FARC.


Finalmente, aplaudió el hecho de que el Gobierno Nacional haya determinado avanzar en un proceso de cooperación con el BID en el tema de seguridad y, particularmente, en el fortalecimiento de la institucionalidad policial.


El ‘Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana’ contempla Aumentar la eficacia de la Policía Nacional en cuanto a la prevención del delito y la investigación criminal; Reducir la victimización de mujeres por Violencia Intrafamiliar; y Reducir la incidencia delictiva de los jóvenes, entre otros objetivos.

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La familia del suboficial Edelio Morínigo Florenciano, secuestrado por el grupo criminal autodenominado EPP, emplazó al gobierno hasta el 5 de julio para tener información sobre el paradero del hombre.


Al respecto, el Ministro Juan Ernesto Villamayor afirmó que los padres del agente policial son recibidos por las autoridades cada vez que lo solicitan.

 

Reconoció que están en todo su derecho de exigir respuestas, pero dijo que no le parecen acertadas las declaraciones de doña Obdulia.


Aseguró que existe comunicación constante con los familiares, pero no se puede compartir información reservada que forma parte de la estrategia.


“Hay muchas cosas que no se pueden aún resolver hasta que no se termine con el tema del EPP. Tampoco se puede compartir una estrategia general, que debe ser reservada en el área de seguridad, con los familiares que están afectados”, expresó Villamayor.


Agregó que las líneas de comunicación del gobierno están abiertas para los familiares de las víctimas del grupo criminal que opera en el norte del país.

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El Ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor destacó la asistencia del BID para trabajar en lo referente a mejoras en seguridad.


Igualmente, se refirió al préstamo de US$ 20 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que será utilizado para mejorar la infraestructura de la Policía Nacional, en el marco de varios proyectos, entre ellos, “Comisaría de la gente”, que busca mejorar las edificaciones y adecuarlas para hacerlas más amigables con la comunidad.


El préstamo otorgado por el BID también permitirá la construcción de un nuevo laboratorio de investigación criminalística, con tecnología de punta, para la Policía Nacional.


“Lo que estamos buscando ahora con el BID es fortalecer la comunión entre todos los proyectos, y trabajar también un área de comunicación sobre las tareas que se cumplen en el área de seguridad”, expresó el titular de la cartera de Seguridad.


Además, se buscará modificar la malla curricular para mejorar la formación de los agentes policiales y apuntar a la integridad de cada egresado de la Academia y el Colegio de Policía.

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En la última semana de mayo, 50 efectivos policiales y 57 aspirantes, dependientes de la Dirección de Policía del Departamento Cordillera, participaron de los talleres en los que se desarrollan las normas nacionales e internacionales que deben ser tenidas en cuenta en los operativos y procedimientos policiales.


Desde agosto de 2018 hasta la fecha, son 1029 los agentes de distintas dependencias policiales los que ya participaron de estos talleres, para aplicar los conocimientos en los distintos procedimientos que les corresponde realizar.


Los temas desarrollados son: 1. Derechos Humanos aplicados a la Función Policial. 2. Presupuestos legales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. 3. Presupuesto legales para la aprehensión y detención de personas. 4. Presupuestos para inspección de personas y de vehículos. 5. Presupuestos legales en cuando a procedimientos y problemáticas sociales, tráfico de estupefacientes, armas, procedimientos con niños, niñas y adolescentes y con grupos vulnerables como: mujeres, comunidades indígenas, comunidad LGBTI entre otros.


Las clases prácticas incluyen: Técnicas de aprehensión e inspección de personas a pie y en vehículos, técnicas de inspección colectiva de personas en vehículos y técnicas de esposamiento.


En ese sentido se busca que el alumno adquiera una serie de respuestas y habilidades, para lograr condicionamiento de reflejos positivos y de esa manera poder actuar de forma profesional en el momento de un procedimiento real y compleja, en la cual hay necesidad de la utilización de la fuerza y el arma de fuego, para que de esa manera puedan tener siempre presente las normativas aplicables al respecto de los derechos humanos y la noción de seguridad para el resguardo de su propia vida.


Asimismo, se hizo práctica de redacción de actas de procedimientos, conforme a las formalidades establecidas en el código procesal penal y las facultades legales que les permite realizar cada acción.

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