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Gran cantidad de agentes policiales está desplegada en toda la capital del país ante la realización de la marcha de la Coordinadora Intersectorial Campesina, anunciada para mañana miércoles 27 de marzo.


El Ministro Juan Ernesto Villamayor reconoció la legitimidad de los reclamos de los sectores sociales, en este caso, de los campesinos. Afirmó que el gobierno reconoce el derecho a la manifestación, pero también el de la libre circulación.


En ese sentido, advirtió que la Policía actuará para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, en el marco de lo establecido en la Constitución y en las leyes.


“Los cierres de rutas afectan derechos de terceros. No se puede llamar la atención perjudicando derechos de terceros. Hay que ir buscando una fórmula para que no sea la violencia o la búsqueda de violencia la que impere. La policía está en la calle defendiendo derechos ajenos. Eso hay que comprender sobre el rol policial”, dijo al respecto el Ministro Villamayor.


Afirmó que los reclamos tienen legitimidad por sí mismos, y no por ejercer acciones violentas, que, lejos de llamar la atención sobre las reivindicaciones, les restan legitimidad.

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El Ministro Juan Ernesto Villamayor fue hasta la Comisaría 12ª de Asunción, para verificar el estado de la infraestructura edilicia.


En el sitio, se interiorizó de las necesidades urgentes de la edificación, a fin de apropiarla para brindar comodidad a los agentes policiales, y a la vez, para los vecinos que se acercan a realizar sus denuncias.


Con la readecuación de la infraestructura, la provisión de mayores recursos físicos como motocicletas, dispositivos informáticos y equipamientos en general, y la capacitación del personal policial se busca que tanto las Comisarías como la Policía Nacional se encuentren preparadas para trabajar más de cerca con las comunidades.


Mediante estas labores participativas, entre Policías y ciudadanos, se tendrá la posibilidad de reforzar las acciones preventivas que hacen a la seguridad de la población. Por ese motivo se apunta primeramente a la refacción completa de las estructuras físicas, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para posteriormente atender apropiadamente las necesidades más urgentes de la ciudadanía.


Durante la visita, el Ministro se reunió con el subjefe de la sede policial y con parte del personal policial que se encontraba en el lugar.
Acompañó la visita del Ministro el Director de Inteligencia del Ministerio del Interior, Comisario Nimio Abel Cardozo.

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El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Hugo Sosa Pasmor, presidió el acto de recordación en memoria de los cadetes mártires de la Escuela de Cadetes de Policía ‘Gral. Francisco de Paula Santander’, de la República de Colombia, muertos en un ataque terrorista protagonizado por un grupo guerrillero de ese país.

 

21 cadetes colombianos y una cadete becaria de la República de Ecuador fueron víctimas fatales el 17 de enero pasado de un ataque terrorista en el interior de dicha escuela de cadetes, en pleno inicio del año académico.

 

El grupo criminal guerrillero, Ejército de Liberación Nacional (ELN), se adjudicó el ataque perpetrado con un coche bomba al interior del recinto educativo, ubicado en la ciudad de Bogotá.

 

El acto se llevó a cabo en el Patio de Honor de la Academia Nacional de Policía ‘Gral. José Eduvigis Díaz’, ubicada en Ñu Guasú (Luque), con presencia del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia en nuestro país, (Gral. SR) Javier Alberto Flórez Aristizábal, y cuerpo diplomático acreditado.

 

Durante el evento, el embajador Flórez Aristizábal agradeció tan alta y emotiva recordación en memoria de los cadetes caídos.

Al momento de citar los nombres de los jóvenes asesinados, el jefe diplomático condenó el mortal ataque y llamó a la comunidad internacional a ser protagonistas por la paz y en contra del terrorismo.

 

Participaron de la ceremonia el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Insp. Gregorio Walter Vázquez Alderete; el sub comandante Crio. Gral. Insp. Eladio Sanabria Morán; el director general de Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), Crio. Gral. Insp. Milciades Ocampos; agregados militares y policiales de la República de Colombia, directores, oficiales jefes, subalternos, sub oficiales y alumnos de la Escuela de Estrategia Policial.

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La Constitución de la República del Paraguay establece, en el artículo 109, las garantías a la propiedad privada, que deben ser custodiadas por el Estado.


El artículo reza:


“Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.


La propiedad privada es inviolable.


Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley”.


En ese sentido, la Policía Nacional, integrante de la fuerza pública según rango constitucional, tiene el mandato de “preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente (…)” (Art. 175)


Bajo este fundamento constitucional y en el marco de la recuperación de la institucionalidad como uno de sus ejes, el gobierno del Presidente Mario Abdo Benítez hará cumplir las disposiciones normativas, sin ignorar los justos reclamos sociales, a los cuales se buscan respuestas institucionales, siempre bajo el amparo de la Carta Magna y las leyes.

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El Teniente Coronel José Romero Morgaz, de la Guardia Civil Española, experto en armas, explosivos y seguridad, visitó nuestro país del 18 al 22 de marzo, en el marco del Programa El Paccto, financiado por la Unión Europea.


Mantuvo reuniones de trabajo con funcionarios especializados e involucrados en los procesos de compra, venta, importación, exportación, registro o utilización de armas de fuego, con el propósito de conocer en profundidad el sistema administrativo de armas, así como la metodología de investigación y trazabilidad de armas utilizadas en la comisión de delitos con el objetivo final de elaborar un informe que contendrá el diagnostico así como las recomendaciones de mejora y fortalecimiento.


La asesoría tiene como finalidad fortalecer las capacidades reales de las instituciones policiales en el control, fiscalización y e intervención de armas de fuego, así como la investigación del tráfico de armas; facilitar el trabajo interinstitucional policial en la lucha contra el tráfico de armas de fuego entre países de América Latina y con la Unión Europea; asistir y acompañar en el desarrollo de investigaciones complejas de grupos criminales focalizados en el tráfico de armas y fortalecer los mecanismos de intercambio de información interpaís e interinstitucionales.


En los últimos cinco días, el experto español se reunió con integrantes de distintas comisiones de la Cámara de Senadores y la de Diputados, con miembros de la Dirección de Material Bélico, del Centro Nacional de Rastreo de Armas, agentes de la Policía Nacional, Cancillería, Ministerio Público y Aduanas.

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Viernes, 22 de Marzo de 2019 12:26

Expulsan a otro miembro del PCC

 

El Director General de Migraciones, Abg. Alexis Penayo, dispuso la expulsión de Jefferson William Penha Da Silva, de nacionalidad brasileña, sobre quien pesan dos órdenes de captura en el Estado de Paraná, Brasil.


La resolución expresa que Migraciones no registra movimiento migratorio de esta persona, quien tampoco cuenta con radicación, temporal ni permanente. Por lo tanto, ingresó en forma ilegal al territorio paraguayo y al tener dos órdenes de captura en su contra, viola la ley migratoria de la República del Paraguay.


La expulsión del mismo fue solicitada por el Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Hugo Sosa Pasmor.


Jefferson William Penha Da Silva ya fue expulsado del territorio nacional y entregado a las autoridades brasileñas.

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Ya son al menos 10 los casos de feminicidios en apenas los primeros tres meses del año. Se sabe que el crimen es la culminación de varios hechos de violencia de los que es víctima la mujer, pero también los hijos, hijas, padres y personas que la rodean.


Buscando un abordaje que permita reforzar los mecanismos de prevención, la sanción a los responsables y la contención a los familiares de las víctimas, varias instituciones trabajan para involucrar a toda la sociedad en la prevención de la violencia.


La Mesa Interinstitucional está compuesta por representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, de Desarrollo Social, del Mitic y otros entes estatales. En representación del Ministerio del Interior, integran la mesa la Abg. Gisela Guerreño Romberg, Directora de Políticas de Seguridad Ciudadana, y la Abg. Ana Carolina Bogado, Directora General de Gobernaciones.


Durante la última reunión, uno de los puntos abordados fue encontrar la forma de establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado, con la finalidad de promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.


También abordaron la importancia de las campañas de comunicación, sobre el acceso a la justicia en materia de violencia contra las mujeres, así como la difusión de la Ley 5777 en las instituciones públicas como en la sociedad a través de medios escritos, audiovisuales y nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como sobre servicios de asistencia directa, públicos y privados, para mujeres en situación de violencia.


Desde esta mesa interinstitucional, se buscará involucrar a periodistas y hasta dueños de medios de comunicación para cooperar en los mecanismos de prevención de la violencia.

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La Constitución es la ley suprema de la República, según lo consagra el Art. 137 de la misma. En la Carta Magna, el artículo 109, de la Propiedad Privada, reza que: “Se garantiza la propiedad privada (…) La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial (…)”


El Estado, a través de sus instituciones y en virtud de poseer el monopolio de la fuerza pública, está ordenado por la Constitución a proteger la Propiedad Privada, tanto como la vida y la libertad de las personas.


Es por ello que el gobierno del Presidente Mario Abdo Benítez, en el marco de la recuperación de la institucionalidad de la República, tiene como uno de sus ejes proteger las propiedades privadas, sin dejar de lado las reivindicaciones sociales, para las cuales se buscan alternativas institucionales, en el marco de la Constitución y las Leyes.

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El Ministro Juan Ernesto Villamayor destacó que la XXVI Marcha Campesina ha culminado sin incidentes. Resaltó la organización de las distintas agrupaciones aglutinadas en la Federación Nacional Campesina, que llegaron nuevamente a la capital para hacer escuchar sus reclamos.


Señaló que el rol de la Policía Nacional, en este caso, fue acompañar la marcha para garantizar tanto el derecho a la manifestación como al libre tránsito, consagrados en la Constitución.


Sin embargo, lamentó los incidentes de violencia provocados por un grupo reducido de indígenas, entre ellos, niños y adolescentes, que arrojaron piedras, vallas metálicas y otros objetos contra los agentes antidisturbios que estaban cumpliendo su labor.


“Me parece una barbaridad utilizar niños en este tipo de cosas. Me parece absolutamente inconveniente el uso sistemático de la violencia como herramienta del reclamo. Los reclamos no se mantienen porque alguien emplee violencia, se mantienen por su propia legitimidad. Y todos los que tienen reclamos, que participan de una sociedad jurídicamente organizada, tienen que actuar en el marco de la ley. El hecho de tener un reclamo que alguien dice legítimo no le autoriza a violar la ley para poder sostenerlo”, expresó Villamayor.


Reiteró que ningún grupo social puede realizar reclamo alguno actuando por fuera del marco constitucional y legal de la República, y que nadie está exento del cumplimiento de las leyes.

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Continuando con el operativo de control que realiza un equipo especial de la Dirección General de Migraciones del Ministerio del Interior en el Este del país, se llevaron a cabo las primeras labores en inmediaciones del Puente de la Amistad y, posteriormente, se trasladó hasta el Kilómetro 30 del departamento de Alto Paraná, para proseguir con la verificación documental de extranjeros en el territorio nacional.

 

Los resultados del operativo durante el segundo día fueron 9 inadmisiones de extranjeros (7 del Brasil y 2 de Bangladesh), 86 notificaciones a estudiantes en situación irregular, 10 notificaciones a trabajadores en situación irregular, 120 verificaciones en ruta de vehículos, camiones y ómnibus. Y 1 notificación a empresa de transporte con pasajeros indocumentados.

 

Migraciones recuerda a los estudiantes, trabajadores y residentes extranjeros notificados e, igualmente, a los migrantes que se encuentren en situación irregular, que podrán solicitar sus carnets de radicación ante el equipo móvil de la institución, en la próxima Jornada de Regularización Migratoria que se llevará a cabo en la Gobernación del Alto Paraná, del 25 al 30 de marzo.

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