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Varios tipos punibles han tenido una disminución en el año 2012, respecto al anterior 2011, según información del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.

 

Se trata de algunos de los tipos punibles más sensibles y que se venían dando con más frecuencia en perjuicio de la ciudadanía en general.

 

Esta información del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana toma como referencia  los lineamientos del proyecto  Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, SES, cuya unidad ejecutar es el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social (CISALVA).

 

El Sistema Estandarizado de Indicadores Regionales de Seguridad y Convivencia Ciudadana ES un proyecto que busca un bien público regional, que permite la medición, el seguimiento y la comparación regional de los fenómenos vinculados a estos temas, del cual el Ministerio del Interior forma parte a través de su Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana.

 

De esa manera, se pueden estructurar los siguientes datos:

 

-          Número de habitantes en 2011:  6.710.102.
-          Número de habitantes en 2012:  6.858.227.
ES DECIR: en 2012 había 148.125 habitantes a nivel país que en 2011.
AÚN ASÍ:  hubo disminución en varios tipos punibles:
 

1)      HOMICIDIOS DOLOSOS:
-          1.1) Homicidio Doloso – Datos de la Policía Nacional, tomando en cuenta número de DENUNCIAS o CASOS SUCEDIDOS :
2011:  9,33 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes.
2012:  8,72  homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes.
Disminución de un 4,47%
 
-          1.2) Homicidio Doloso – tomando en cuenta número de VÍCTIMAS:
2011:  9,79 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes.
2012:  9,46  homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes.   
 
……………………………………………….
 
2)      ROBO AGRAVADO de objetos :
2011: 29,03 casos por cada cien mil habitantes.
2012:  26,68 casos por cada cien mil habitantes..
VARIACIÓN: disminución de un 6,06%.
             ………………………………………………
 
3)      ROBO DE VEHÍCULOS:
2011:    19,87 casos por cada cien mil habitantes.
2012:    14,84 casos por cada cien mil habitantes.
VARIACIÓN: disminución en un 23,63 %.
 
………………………………………………………….
 
4)      ROBO DE MOTOCICLETAS:
2011:  56,42 casos por cada cien mil habitantes.
2012:  49,17 casos por cada cien mil habitantes.
VARIACIÓN:  disminución en un 10,94 %

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La política de transparencia en la Policía Nacional y de “cero tolerancia” a la corrupción -emanada y consolidada por la administración del Ministro del Interior, Carmelo Caballero- se constituye en uno de los ejes principales que el actual Comando Institucional de la Policía impulsa para mejorar el servicio a la ciudadanía y para limpiar sus cuadros. En ese sentido, el Ministro Caballero ha ido consolidando la eliminación del mal llamado “corporativismo entre uniformados”, que durante mucho tiempo significó impunidad y encubrimiento entre agentes involucrados en delitos e irregularidades. “El que no cumple con su misión de agente de Policía, está demás en la institución. En la Policía Nacional no se debe tapar nada, y todo se publica y se transparenta; todo se pone a consideración de la ciudadanía”, afirmó el Ministro del Interior, Carmelo Caballero. Fue al aludir las instrucciones permanentes dadas por él mismo al Comando Institucional y al Consejo de Comisarios Generales de la Policía Nacional. Durante los últimos doce meses, unos 235 fueron dados de baja por diferentes irregularidades y comisión de hechos punibles. Además, existe un promedio de 800 sumarios abiertos a agentes sospechados de haber caído en alguna situación dudosa o delito. La Dirección de Justicia Policial detectó que, al contrario de lo que se piensa, la mayoría de los agentes de la Policía fueron dados de baja por irregularidades interna. Los casos de agentes involucrados en hechos punibles también fueron suficientemente sancionados y publicados, sin ningún tipo de consideración. Así, las causas de las bajas a los efectivos policiales han sido abandono de cargo, violencia intrafamiliar, extorsiones, robos, asaltos, entre otros tipos punibles, según la Dirección de Justicia Policial. “En la Policía Nacional no se tapa nada. Ya no hay misterios en la institución, al contrario; la salud institucional se basa en la transparencia, en la publicación y, por ende, en la confianza que necesitamos seguir ganando en la ciudadanía”, afirmó el Ministro Caballero. “Necesitamos que la sociedad, la comunidad, la ciudadanía sepa qué hay en sus comisarías, que haya apertura hacia la gente. Son las instrucciones dadas permanentemente al Comando Institucional”, manifestó. Hubo casos emblemáticos en donde se demostró que la Policía Nacional no oculta ni nada ni a nadie. Citó los casos de los asaltos a Prosegur, de Guardián y otros tantos en donde agentes de la institución estuvieron involucrados, incluyendo altos jefes policiales como el Crio. Princ. José Dolores Amarilla y otros comisarios y oficiales y suboficiales subalternos.

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Con la meta de prevenir, controlar e intervenir en la comisión de Delitos Ecológicos y Rurales, el 29 de agosto de 1.997 la Comandancia de la Policía Nacional emanó la Resolución Nº 47, por el cual fue aprobado el reglamento orgánico funcional de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER) Agrupación de Protección Ecológica y Rural, elaborado por la Comisión Permanente de Estudio de Leyes y Reglamentos (COPELER). De esta manera entró en pleno funcionamiento esta agrupación especializada de la Policía, cuyas labores están orientadas en general a combatir los delitos ecológicos, la tala de árboles y el abigeato. Actualmente, la APER -bajo el mando del Crio. Ppal. Elizardo Rojas- conforma la Comisión Interinstitucional del Medio Ambiente, integrada por la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM), la Fiscalía General Adjunta del Medio Ambiente, jueces, fiscales, entre otros. Los efectivos policiales de la Agrupación realizaron este año diversas intervenciones en casos de deforestación en los Parques Nacionales Paso Bravo y San Luis; en mataderos clandestinos, curtiembres y chancherías de la Compañía Valle Karé, de Itauguá; y en el caso de construcción de un camino interno de la estancia Santa Bárbara, ubicada en la Compañía San Miguel de Areguá, que perjudicaba las áreas de humedales del Lago Ypacarai. Asimismo, la institución verificó el avance del trabajo de recuperación del intervenido vertedero privado “Aguilera Vertedero”; constató el desmonte de alrededor de 300 hectáreas de bosques en el Parque Nacional de Caazapá, en la localidad de María Auxiliadora, departamento de Itapúa; e intervino en la reserva ecológica propiedad de la Ande, ubicada en el Km 37, departamento Alto Paraná, por árboles caídos y tala indiscriminada. También intervino el matadero municipal de la ciudad de San Lorenzo; tomó intervención en el “Lavadero Casco”, ubicado en el barrio Calle’í de San Lorenzo; y en la construcción de un condominio privado y barrio cerrado en San Bernardino (límite con Altos), donde se constató el uso de explosivos para romper rocas en el área destinada a una laguna artificial. Otros casos emblemáticos hacen relación a laboren conjuntas encaradas con otras instituciones del Estado: • Fiscalía del Medio Ambiente y Secretaría del Medio Ambiente (SEAM), e Instituto Forestal Nacional (INFONA), verificación de la serranía de la “Reserva APEPU”, ubicado en la ciudad de Tava’i, con la detención de tres camiones cargados con rollos de madera. • Destacamento móvil de la APER en la comunidad indígena Karandú, distrito de Tava’i, donde fueron halladas 150 tijeras de árboles de las especies Yvyra Pyta y Lapacho, vigas, tirantes y rollos de ambas especies. • En prosecución a trabajos de inteligencia e intervenciones ligeras en el departamento de Caazapá, fue encontrado casi un centenar de rollos de madera. • La Comisión Interinstitucional de Protección Ambiental intervino la “Matadería San Pablo”, propiedad de la “Lavandería San Andrés”. • Intervención de la APER en el Km 21 del barrio Obrero, Capiatá, en tala de árboles de especie nativa Lapacho. • Intervención en la Compañía Ciervo Cua, de San Bernardino, caso de depredación de un campo comunal. • Verificación e intervención de la empresa “Bio Energy S.A. Paraguay”, por presunta contaminación ambiental. En sus trabajos rutinarios de operaciones preventivas, intervenciones y trabajos de inteligencia, la APER cuenta con el apoyo de pelotones antidisturbios, destacamentos, jefaturas de Policía del área metropolitana y departamento Central, acompañamiento fiscal, SEAM, CONADERNA e INFONA. Actualmente, la Agrupación de Protección Ecológica y Rural cuenta con 140 agentes especializados, distribuidos en 27 destacamentos estratégicamente ubicados en diversos puntos del territorio nacional. En cuanto a equipos y armas, la unidad posee pistolas reglamentarias, fusiles ametralladoras tipo Galill ACE 21 de la marca Iwi, con sus respectivos portafusiles y 5 cargadores por cada fusil, chalecos antibala (FOTO), una tienda de campaña de uso táctico compuesta por un generador eléctrico, carpas con capacidad de alojamiento de 16 personas, camas plegables, un aparato acondicionador de aire transportable y accesorios de conexión eléctrica. Todo esto fue entregado a la APER por disposición del propio Ministro del Interior, Carmelo Caballero. Estos implementos fueron recientemente entregados por el Ministerio del Interior a la APER, con el objetivo de fortalecer los trabajos, desplazamientos e incursiones que la unidad lleva a cabo generalmente en zonas boscosas y ambientalmente hostiles. Además, la agrupación tiene camionetas de la marca Isuzu, tipo D- MAX, 4x4, totalmente equipadas, motocicletas de la marca Leopard, modelo KH 200BRN, radios wolkies marca Motorola, entre otras herramientas de trabajo. Las funciones de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural son: - Prevenir la caza indiscriminada de especies de la fauna silvestre y contra los que trafiquen o comercialicen ilegalmente con las mismas, sus partes o productos. - Intervenir contra los que practiquen manipulaciones genéticas sin la autorización expresa de la autoridad competente, o difunda epidemias, epizootias o plagas. - Intervenir en contra de los que infrinjan normas y reglamentos que regulan la pesca y la recolección o preservación del habitad de especies declaradas endémicas o en peligro de extinción - Proteger los recursos hídricos, ríos, arroyos, lagos, lagunas o cursos de agua subterráneos, superficiales y otros cursos de agua, contra la contaminación de cualquier naturaleza, principalmente de la derivación en ellos de desechos o afluentes industriales contaminantes de las aguas por sobre los límites autorizados. - Prevenir y reprimir a los que contravengan las disposiciones relativas a los ruidos, vibraciones u ondas expansivas, con radiación lumínica, calórica, ionizante o radiológica, con efectos de campo electromagnéticos o fenómenos de cualquier otra naturaleza y violen los límites establecidos en la reglamentación correspondiente. - Intervenir en las violaciones las disposiciones legales o reglamentarias sobre las vedas, pausas ecológicas o cuarentenas sanitarias. - Prevenir y reprimir el comercio ilegal de rollos de madera. - Prevenir e intervenir en la deforestación masiva y la depredación de especies de la flora. - Proteger la fauna silvestre y en especial aquella en vías de extinción. - Proteger los recursos minerales, informando a las autoridades competentes en casos de violaciones legales en la materia. - Prevenir e intervenir en la tala indiscriminada y quema de bosques o formaciones vegetales, que perjudiquen gravemente al ecosistema. - Intervenir en la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores. - Intervenir en la realización de obras hidráulicas como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y de los atenten contra los mecanismos de control de agua o los que destruyan. - Intervenir contra los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo, en las rutas, caminos o calles, cursos de aguas o sus adyacentes. - Proteger los parques nacionales, reservas naturales y prevenir la depredación de la fauna y la flora en los mismos. - Controlar y reprimir la introducción en el país de residuos tóxicos o desechos peligrosos, la comercialización de los mismos o la facilitación de medios o el transporte para el efecto. - La prevención e intervención en los delitos de abigeato e invasión de propiedades públicas y privadas. - Encargarse de la protección de los derechos humanos en los desalojos de las propiedades privadas invadidas, bajo dirección judicial. - Disponer de destacamentos y Puestos policiales en áreas silvestres y en propiedades invadidas. - Brindar al personal orientación técnica y profesional para el cumplimiento de la misión. - Mantener relación e intercambio con organismos estatales o privados, nacionales o internacionales. - Disponer de Puestos policiales en parques nacionales y lugares de interés para el mejor cumplimiento de sus fines. - Formar, actualizar y entrenar al personal para cumplir funciones de carácter ecológico y Rural. En resumen, la APER es una agrupación especializada de la Policía Nacional encargada de la protección de los recursos naturales del país y encargada de la prevención, investigación e intervención en faltas y comisión de delitos ecológicos y rurales.

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El Ministerio del Interior se encuentra en plena tarea de reactivación y expansión del Plan operativo preventivo denominado Policía Ciudadana, Policía Comunitaria o Policía de Proximidad.

 

 Se trata de una manera de trabajar mediante patrullas constantes de parte de efectivos policiales encargados específicamente de un cuadrante.

 

El objetivo es el acercamiento de los agentes con los pobladores de esos barrios y cuadrantes y así potenciar una confianza mutua. Este plan experimental dio resultados muy auspiciosos en algunas localidades de Central.

 

El Plan Policía Ciudadana o Policía Comunitaria está en etapa final de reestructuración y constituye parte de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) del Ministerio del Interior, afirmó el Ministro Carmelo Caballero.

 

En el 2012, unas 420 personas denunciaron en la comisaría 1ª. Central de San Lorenzo haber sido víctimas de asaltos callejeros. Tras la implementación experimental de la Policía Comunitaria, los robos violentos disminuyeron considerablemente en la ciudad.

 

Los asaltos se redujeron un 50% respecto del año anterior, y los hurtos disminuyeron un 77%. Por otra parte, en 2011, se registraron 202 robos domiciliarios y en el 2012 la cifra se redujo a 75.

 

 “Los agentes de la Policía Comunitaria son los mismos de la Policía Nacional. La diferencia está en que fueron capacitados para mejorar el trato con la ciudadanía”, dijo el Ministro Carmelo Caballero, quien destacó que la implementación de la Policía Ciudadana no implicó inversiones económicas extras para ser creada.

 

Los agentes realizan patrullajes diariamente en una misma zona, para que los ciudadanos se familiaricen con ellos y los reconozcan, manifestó el secretario de Estado.

 “Cuando hablamos de modernización policial, no hablamos solamente de modificación de reglamentos o normativas internas, sino de cambios en el sistema de selección del personal, una policía más cercana a la comunidad”, manifestó.

 

POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y NUEVA MALLA CURRICULAR

 

 Desde julio de 2012, el Ministerio del Interior incluyó exámenes psicológicos y psiquiátricos en el sistema de selección de nuevos agentes policiales para contratar los mejores oficiales. Además, se prolongó a dos años el lapso de estudio de los suboficiales. Anteriormente, se era solo de nueve meses.

 

“Además, se extendió la malla curricular en estos institutos con el fin de capacitar e incorporar únicamente a gente con verdadera vocación para la función policial. No queríamos personas que veían en la Policía Nacional sólo una fuente de trabajo. Necesitamos agentes con una verdadera vocación de servicio. Este fin de año, egresará la primera remesa de suboficiales con dos años de estudios”, afirmó el secretario de Estado.

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